Por: Lucía León Pacheco
Coordinadora de Políticas Públicas de Hiperderecho
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) cumplen un papel fundamental para conducir nuevas soluciones a los problemas del desarrollo, dado su potencial para promover el crecimiento económico, la competitividad, el acceso a la información y el conocimiento, etc. Cuando no todas las personas tienen acceso a ellas, se profundizan los espacios de desigualdad, pues no se trata de una brecha unidimensional, sino que impacta en el ejercicio de muchos otros derechos.
Hoy en día, queda claro que la brecha digital no se refiere únicamente a la conectividad. Además del acceso material, existen brechas en otros niveles subsecuentes: las competencias y habilidades digitales; los usos que se le da a las TIC (es decir, la capacidad de transformar y poner en práctica efectivamente esas competencias); y la posibilidad de beneficiarse de tales usos. Sin embargo, cerrar estas brechas puede ser sumamente complejo y problemático, entre otras razones, porque al reducirlas sin atender la primera brecha de conectividad, se termina agravando la brecha digital en general.
En el Perú, esto es particularmente crítico para áreas rurales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 20.7% de los hogares de áreas rurales cuenta con acceso a Internet, en contraste con el 79.2% de hogares de Lima Metropolitana. Aunque el Estado lleva años impulsando medidas orientadas a expandir la infraestructura necesaria para la instalación de servicios de telecomunicaciones, lo cierto es que los enfoques y abordajes son insuficientes. Es el caso, por ejemplo, en el fracaso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: un proyecto multimillonario subutilizado, que le sigue costando al Estado, y que las empresas de telecomunicaciones no contratan, pues les resulta más caro que usar las redes que han desplegado ellas mismas (las cuales, por supuesto, siguiendo criterios de inversión, no necesariamente llegan a zonas rurales).
En respuesta, el interés del Poder Legislativo por acercarse a la conectividad, las telecomunicaciones e Internet es cada vez más evidente, al tratarse de un tema en agenda que preocupa y afecta a gran parte del país. Por ejemplo, en 2021 se aprobó la Ley 31207, Ley que garantiza la velocidad mínima de conexión a Internet y monitoreo de la prestación del servicio a Internet a favor de los usuarios, con una velocidad mínima garantizada (VMG) del 70% de lo ofrecido en el plan. Así también, el reconocimiento del derecho de acceso a Internet en la Constitución política, con sus distintos matices, es un tema en agenda impulsado desde hace varios años por distintas bancadas, que incluso se llegó a aprobar en primera votación en 2021, y que actualmente se encuentra en agenda del Pleno luego del dictamen aprobatorio de la Comisión de Constitución y Reglamento.
Más recientemente, se presentaron dos proyectos de ley en el mes de febrero relacionados, en específico, con la necesidad de inclusión digital en áreas rurales y de preferente interés social del Perú:
- El 1 de febrero, el Grupo Parlamentario Avanza País presentó el Proyecto de Ley 4143/2022-CR, Ley que acelera el acceso a Internet en las zonas rurales del Perú. El proyecto, entre otras cuestiones, propone, de manera similar a un anterior Proyecto de Acción Popular: (i) la aplicación del análisis de impacto regulatorio (obligatorio para el Poder Ejecutivo) en toda normativa que tenga por objeto regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones; (ii) la aprobación de un régimen excepcional para incentivar inversiones, que incluye la posibilidad de sustituir obligaciones contractuales de cobertura de telefonía pública por otras de servicio móvil o Internet en áreas rurales; (iii) la restricción de la VMG del 70% únicamente a ; y (iv) la creación de una ventanilla única virtual de infraestructura de telecomunicaciones que consolide procedimientos sectoriales y de distintos niveles de gobierno.
- El 2 de febrero, el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional presentó el Proyecto de Ley 4155/2022-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el acceso al servicio de Internet en todo el Perú. Se trata de un proyecto mucho menos denso a nivel regulatorio, que busca declarar interés nacional y necesidad pública el acceso a Internet en todo el Perú para “promover el despliegue de redes de nueva generación, con el fin de brindar mejores oportunidades de desarrollo en las zonas más alejadas y vulnerables del país”.
Aunque Osiptel ha realizado importantes cuestionamientos de técnica legislativa, competencias, entre otros, al primer proyecto, resulta innegable que plantea un abordaje interesante para la atención de una demanda urgente. En realidad, el problema viene siendo que se requiere del involucramiento de todas las entidades del sector para poder cerrar la brecha desde nuevos enfoques. Sin embargo, a la fecha no hay una opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicada al respecto, salvo en cuanto al segundo proyecto; mismo que, de todas formas, propone una Ley declarativa con pocos impactos tangibles.
