Por: José Perla Anaya
Abogado, investigador y docente
Aunque el título de estas líneas presenta como contrapuestos los preceptos humanos fundamentales de libertad de expresión y de derecho a la información, el ideal es que ambos se ejerciten complementariamente, a fin de asegurar el máximo reconocimiento y la mayor práctica de todo el conjunto de derechos y libertades constitucionales de la comunicación: información, opinión, expresión y difusión.
Hace mucho tiempo que está prohibido imponer límites a la expresión antes de ejercitarse, pues ello supondría censura previa, una tradición represora ajena a las democracias actuales. También cada día se rechaza más que haya una sanción posterior al ejercicio de la expresión, pues en muchos casos se sospecha con fundamento que podría tratarse de una represión gubernamental encubierta utilizando a jueces y autoridades administrativas. Aunque lo dicho demuestra que los límites a la libertad de expresión se siguen angostando, ello no puede llevar a la gente a creer que la libertad de expresión es la facultad de decir cualquier cosa sin tener que responder por ello
En cuanto al derecho a la información este consiste en la facultad de acceder a cualquier dato sobre lo que acaece en la vida de los demás, sin importar si dicha información ha superado el filtro de lo que hoy muchas personas solo consideran un rezago trasnochado de la “vieja verdad”, es decir de la adecuación entre lo que se dice y lo que existe. Ahora más bien predomina la concepción de que hay “muchas verdades” y de que “todo depende del cristal con que se mire”. Hay múltiples pruebas de que el derecho a la información ha recorrido mucho más veloz y exitosamente que la libertad de expresión, su camino socio jurídico hacia la liberación de barreras legales. Una de ellas es que enarbolándose la bandera de transparencia se arranca cada día más etiquetas de “información reservada” a los estados. Otra prueba es que tildándose a las personas de hipócritas, los medios se entrometen cada día más en su vida privada e íntima, aduciendo que son ellas las que lo ponen en sus redes. Está claro, pues, que las viejas fronteras entre lo público y lo privado se adelgazan cada día más y previsiblemente se extinguirán, pero ello tampoco puede llevar al error de creer que hay irresponsabilidad absoluta en su difusión.
Así como las mencionadas arriba en el mundo actual hay muchas situaciones inéditas en torno a la concepción y al ejercicio de los derechos y libertades de la comunicación. Ellos se han expandido, complejizado e interconectado como nunca en todas sus dimensiones de información, opinión, expresión y difusión. En vista de que estamos ante un fenómeno socio jurídico muy distinto, la ONU debería sustituir el Día Mundial de la Libertad de Prensa instaurado en 1993, por el Día Mundial de los Derechos y de las Libertades de la Comunicación.
