Peligro de “Ley Mordaza” moviliza a periodistas de todo el país

Por: Zuliana Láinez
Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP)

“Ley mordaza” se convertiría, de aprobarse en segunda votación, en una de las peores afectaciones a la actividad periodística en el país. El jueves 18 de mayo el Pleno del Congreso de la República someterá a segunda votación el PL No. 2862/2022-CR que pretende elevar las penas por difamación en el país. Esto es particularmente grave, puesto que el acoso judicial a periodistas ha sido en los últimos cinco años, una de las principales afectaciones a la actividad informativa en Perú.

Cerca de 150 periodistas, de Lima y regiones, han sido llevados a tribunales en ese tiempo. Si bien es cierto los casos más mediáticos han sido los de Christopher Acosta y César Acuña, a consecuencia del libro Plata como cancha, o Paola Ugaz, Pedro Salina y Daniel Yovera, por sus investigaciones sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, también están aquellos en los que funcionarios o familiares de autoridades tanto en Huacho, Abancay, Yurimaguas, Ilo, Utcubamba, Barranca y Huamanga, entre otras ciudades, han hostilizado judicialmente a periodistas locales. Para un periodista de región, las querellas, además de tener la consecuencia común de “distraerte” de tu trabajo, tiene un impacto económico importante puesto que en medio de lo precaria de la actividad deben asumir la defensa legal.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, junto al Consejo de la Prensa Peruana y al Instituto Prensa y Sociedad se reunieron con el presidente, José Daniel Williams Zapata, a quien le hicieron llegar sus preocupaciones por lo lesivo que resultaría la aprobación de este proyecto en segunda votación, considerando que hay opinión en contrario de la Defensoría del Pueblo, del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que contraviene con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos que mandata a proteger el honor por la vía civil y sacarlo de la vía penal. Nuestros legisladores no sólo no lo retiran del Código Penal, sino que pretenden aumentar las penas.

La ANP, el CPP y el IPYS, a iniciativa del presidente del Congreso, sostendrán diálogo antes del jueves con las distintas bancadas, con el fin de mostrarles de manera objetiva no solo el impacto en la libertad de expresión sino los diversos casos de colegas que son sometidos a lo que los querellantes informalmente llaman un “escarmiento”.

Los periodistas, claro que defendemos el absoluto respeto al honor y la buena reputación, pero su protección debe estar dada en el ámbito civil -para que no sea inhibitorio-, en un país donde existe el derecho a réplica, el derechos  rectificación y diversos mecanismos de autoregulación en medios e instituciones que son poco utilizados.

La protesta contra una normativa de esta naturaleza es tal, que los periodistas de Tumbes, Juliaca, Ayaviri, Iquitos, Pucallpa, Huaraz, Abancay, Ilo, Lima, Utcubamba, Tarapoto, Puno, Chiclayo, Arequipa, Casma e Ica, se movilizaron en actos de repudio a esta nueva arremetida contra la actividad periodística. Las plazas de cada una de estas ciudades cobijaron a colegas -algunos de ellos con procesos penales en curso- quienes saben en primera persona que el castigo -más allá de la sentencia- es el enjuiciamiento en sí.

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